SANTO DOMINGO.- El senador Wilton Guerrero acusó al procurador general, Radhamés Jiménez, de actuar con negligencia frente a las denuncias que le entregó sobre el narcotráfico y pidió al jefe de la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar las vinculaciones con el narcotráfico del comandante policial de Baní, general Hilario González Gonzalez, y la ayudante del Fiscal Esther González. Afirmó que las actividades ligadas al consumo y tráfico de estupefacientes eran apadrinadas, además, por el renunciante fiscal Víctor Cordero, de quien dijo que recorría los puntos de drogas sin actuar contra sus propietarios.
Durante una rueda de prensa en su despacho del Senado, Guerrero aseguró que los oficiales policiales de Baní compartían constantemente en actividades sociales, “comían chivos y bebían Whisky” con los extranjeros muertos la semana pasada en la comunidad banileja de Paya, los cuales fueron ligados por las autoridades al narcotráfico. “Eran tan descarados (los oficiales) que hasta visitaban en las yipetas policiales a los narcotraficantes”, aseguró.
El legislador oficialista afirmó que desde septiembre de 2006 visitó en cuatro ocasiones al procurador Jiménez y le entregó un voluminoso expediente que involucra a los miembros del Ministerio Público, la Policía y de la Dirección de Control de Drogas (DNCD) de su provincia, en actividades delictivas ligadas al tráfico y consumo de drogas, pero que no tomó ninguna medida para enfrentar esa situación.
“Si nos hemos reunido siete veces, cuatro veces con el Procurador, una vez con su asistente, otra vez con el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal y otra vez con una comisión designada con él (Radhamés Jiménez) y no actuó, pues hay negligencia.
No se tomaron las medidas que debieron tomarse”, precisó, durante la rueda de prensa a la que asistió en compañía de sus hijos, algunos dirigentes de su partido en Baní y los legisladores oficialistas Charlie Mariotti, Dionis Sánchez y Diego Aquino.
Afirmó que también llevó su denuncia al secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; con el entonces jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez y otras instancias del poder.
En el expediente aludido identifica la exitencia en Baní de 375 puestos de drogas, uno de ellos frente al local de la Policía y otro frente a la escuela pública Aquiles Cabral Billini.
El legislador habló luego de ser interrogado durante más de cuatro horas por la comisión formada por el presidente Leonel Fernández para investigar su denuncia que liga a las autoridades policiales, judiciales y de combate a la droga en su provincia al narcotráfico y a actividades delicuenciales.
Esa comisión la integran el secretario de las Fuerzas Armadas,teniente general Ramón Antonio Aquino García: el jefe de la Policía, mayor general Guillermo Guzmán Fermín y el procurador Jiménez.
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