El CONEP dijo que en el caso del transporte de pasajeros en zonas turísticas recurrentemente se escenifican situaciones lamentables que colocan a los turistas en delicadas situaciones que comprometen su seguridad, como hacerlos forzosamente desmontar de un medio de transporte para que tengan que ocupar otro de un transportista sindicado.
Además señaló, que los grupos de transportistas impiden el acceso de otras empresas al mercado, así como que las empresas utilicen medios de transporte para sus propios empleados, quienes asaltan en la vía pública cualquier vehículo que no pertenezca a sus asociados.
Indicó la entidad que atropellos de tal naturaleza, además de afectar el turismo contribuyen a aumentar la percepción de inseguridad que existe en la actualidad.
En relación al transporte de carga el CONEP señaló que los transportistas ejecutan acciones sistemáticas para bloquear e intimidar a cualquier empresa que quiera adquirir su propia flotilla para transportar mercancía, así como a cualquier nueva compañía de transporte de capital privado que quiera operar en la República Dominicana, impidiendo el establecimiento de tarifas menores a las que esos empresarios del transporte cobran, en detrimento de los consumidores dominicanos.
Indicó que es injustificable que transportar un furgón de Monte Cristi al puerto de Haina resulte más costoso que enviar ese mismo furgón a China o que el transporte de combustible de la Refinería a la estación de expendio más cercana cueste lo mismo, que el transporte a la zona más alejada del país mediante una interpretación distorsionada e irracional de una supuesta tarifa unitaria.
En su declaración, el CONEP planteó que los altos costos y la ineficiencia del transporte de carga en el país constituyen uno de los principales factores que afectan nuestros niveles de competitividad.
El CONEP llamó al gobierno a redefinir su política de transporte y a tomar acciones efectivas para organizar un sector que constituye uno de los principales dolores de cabeza de todos los dominicanos, para lo cual demandó un plan integral de reordenamiento del transporte, que incluya el fortalecimiento e independencia de la regulación y a evitar que los órganos públicos que rigen la materia estén en manos de empresarios del transporte o personas con intereses económicos en este sector.