SANTO DOMINGO.- Un sargento del Ejéercito Nacional que era miembro de la escolta del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, fue muerto a balazos este domingo en el sector de Los Platanitos de Los Trinitarios, de Villa Mella, informaron fuentes extraoficiales.El suboficial Dairy Felipe Díaz González falleció mientras recibía atención médica en la clínica Cruz Jiminián, a causa de heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
El informe preliminar da cuenta que el agente antinarcóticos fue interceptado por desconocidos en la citada dirección, cuando llegaba a su casa y sin mediar por motivos que se investigan, le dispararon con armas de fuego cortas y huyeron.
La Policía precisó que varios equipos de oficiales asumieron la investigación a los fines de apresar y someter a la justicia a los responsables del hecho.
Este es el octavo miembro de la DNCD que muere a manos de supuestos narcos en 11 meses.
Con relación al caso, oficiales de la Policía y la propia DNCD persiguen a Chuki, Juan Gabriel, Elifete y Bolívar, quienes pertenecen a una banda que se dedica a vender droga en el citado sector.
Según Diomile Díaz González, hermano del occiso, "éste llegaba a su residencia en compañía de un grupo de amigos y al pasar cerca al punto propiedad de Chuki, pidió permiso y este les disparó varias veces sin mediar palabras".
Víspera del informe
El asesinato del escolta del Presidente de la DNCD ha sido cometido en la vispera de que las autoridades policiales y el Ministerio Público ofrezcan detalles preliminares del informe sobre el asesinato del ex coronel José Amado González y González, el que la ciudadanía espera deje al descubierto los cómplices y testaferros del prófugo narcotraficante José D. Figueroa Agosto, vinculado a altas esferas de poder.
La tan esperada investigación será dada a conocer en una rueda de prensa con directores de medios de comunicación, convocada para las 10:00 a.m. en el hotel Meliá.
Nuevos elementos se develarán sobre Sammy Dauhajre Dauhajre, señalado por el Ministerio Público como lugarteniente de Figueroa Agosto, y contra quien se solicitará medidas de coerción en las próximas horas.
Las expectativas se concentran en torno a si nuevos nombres saldrán a relucir en torno al lavado de activos provenientes del narcotráfico o si por el contrario las aguas llegaron a su nivel.
Sobre el crimen del coronel, ocurrido el pasado 24 de noviembre, las autoridades tienen en su poder un vehículo que los asesinos trataron de incinerar. La placa que llevaba en ese momento, número OL00234, estaba asignada al ex mayor del Ejército Bienvenido Antonio Saviñón Aybar, quien asegura que se la robaron de un vehículo del ex jefe del Ejército Tommy R. Fernández Alarcón, a quien originalmente se la asignaron las Fuerzas Armadas.
El poder económico
Las autoridades están detrás de bienes millonarios del fugitivo boricua José David Figueroa Agosto que estarían en manos de presuntos testaferros y con nombres falsos del prófugo.
Los bienes incautados hasta el momento llegan a cerca de los US$100 millones, mientras que los presuntos relacionados con el sonado expediente son cerca de una veintena de personas. Entre esos bienes figuran lujosos penthouses, residencias con toda la opulencia que caracteriza a los capos, cuentas bancarias, fincas, solares, autos lujosos como Ferrari, Jaguar, Lamborghini, así como yipetas de último modelo.
Hasta ahora, las autoridades han descubierto que Figueroa Agosto cuenta por lo menos con alrededor de 20 residencias de lujo, villas y cerca de 30 autos de lujo.
Los implicados en el caso son Mary Peláez, Eddy Brito, ex esposo de la prófuga Sobeida Félix Morel, la esposa de Figueroa Agosto, Leavy Yadira Nin Batista, alias Fior Jansen Rodríguez, llamada también Astrid Patricia. Asimismo, José Fernández Ibarra, señalado como el propietario de la yipeta en que se fugó Figueroa Agosto el 3 de septiembre. También Ricardo Ivanovich Smester, a quien le fue incautado un auto de lujo marca Ferrari, alegadamente propiedad del puertorriqueño condenado a 209 años de prisión.
Las autoridades están detrás de por lo menos cinco presuntos testaferros que cuentan con bienes millonarios propiedad de poderoso capo de las drogas. También de presuntas amantes del impostor que poseen bienes suntuosos.
Aunque fue confirmado en un cien por ciento que Figueroa Agosto fue la persona que llamó al Gobierno de la Mañana, las autoridades investigativas desconocen si lo hizo desde dentro o fuera del país.
Sobre Smester, el Ministerio Público estableció un supuesto vínculo con Figueroa Agosto, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal, varios vehículos, celulares y documentos.
En tanto, la Procuraduría General de la República recuperó una yipeta, propiedad de Peláez, de manos de la consultora jurídica de la Oficina de Lavado de Activos, Sonya Uribe. La misma fue cancelada de su puesto.
Asegura no habrá exclusión en caso Agosto
El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, garantizó ayer que en torno al caso del prófugo narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, "no habrá exclusión ni encubrimiento de nadie, sin importar quien sea".
Guzmán Fermín dijo que hoy la comisión investigadora hará una presentación a los directores de medios impresos, radiales y televisivos, para mostrarles los avances alcanzados por los investigadores sobre la estructura montada por Figueroa Agosto.
El jefe policial enfatizó que la población puede tener la seguridad de que todos las personas implicadas en la red de Figueroa Agosto y que resulten con alguna responsabilidad, serán apresadas y sometidas a las justicia.
La comisión que investiga el caso de Figueroa Agosto sostendrá un encuentro con los directores de medios a las 10:00 am.
Más interrogatorios
La Policía informó que investiga a una persona con relación a la venta del auto marca Ferrari, blanco, a Ricardo Ivanovich Smester, quien la noche del pasado viernes fue enviado a la cárcel de Najayo por 3 meses como medida de coerción por lavado de activos.
A su vez, el sábado, el juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Servicio de Atención Permanente, dictó tres meses como medida de coerción contra José Fernández Ibarra, quien es acusado de lavado de activos.