En una decisión que ocupa 90 páginas, el juez federal Ricardo Urbina argumentó que el Gobierno de Estados Unidos había violado los derechos de los mercenarios cuando usó las declaraciones de los procesados, a quienes se les había otorgado inmunidad, para adelantar las investigaciones.
El veredicto se produce después de una serie de audiencias en las que se discutió si los fiscales y agentes federales habían usado, de manera inapropiada, las declaraciones que los vigilantes dieron a los investigadores del Departamento de Estado después del incidente el 16 de septiembre de 2007.
Blackwater Worldwide era el anterior nombre de la actual Xe y durante años contrató y suministró personal paramilitar para la protección de convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de gobiernos, en áreas donde las fuerzas armadas de Estados Unidos están en guerra.
Los cinco hombres -Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball- fueron acusados de homicidio voluntario e infracción en el uso de armas por la muerte de 14 civiles y las heridas que sufrieron otras 20 personas.
Según el Departamento de Justicia los mercenarios, que se trasladaban en un convoy, atacaron sin provocación a los civiles iraquíes en la Plaza Nisoor, cerca del centro de la capital iraquí.
Uno de los vigilantes, Jeremy P. Ridgeway se ha declarado culpable y se esperaba que testificara en contra de los otros.
Blackwater, que tras el incidente cambió su nombre, tenía un contrato para proporcionar vigilantes armados y protección al personal del Departamento de Estado en Irak.
Desacuerdo de Irak
La decisión de Urbina retorna el caso a una polémica internacional. El gobierno iraquí quería que los mercenarios fueran juzgados en Irak, y las autoridades en Bagdad, que no renovaron después la licencia de Blackwater, habían dicho que observarían cuidadosamente la forma en que el sistema judicial de Estados Unidos manejaría los casos.
Precisamente, el Gobierno iraquí ha expresado hoy su más profunda "decepción" tras conocer el fallo. El portavoz del Ejecutivo que dirige Nuri al Maliki ha asegurado que los cinco mercenarios cometieron un "grave crimen" y que rechazan la decisión del tribunal.
Además, ha declarado que el Gobierno iraquí mantiene su propia investigación y que tienen pruebas de que los hombres de Blackwater asesinaron "a 17 ciudadanos" de su país, por lo que está considerando qué acciones legales emprender contra la empresa.