BONAO, República Dominicana.- Esta provincia -por su ubicación geográfica- no tiene los puertos o las playas que suelen caracterizar a las zonas de República Dominicana consideradas clave en las rutas del narcotráfico internacional ni figura entre las primeras con mayores decomisos de drogas. Sin embargo, Monseñor Nouel, situada en el centro del productivo Valle del Cibao, atrae la atención pública desde que la Jefatura de la Policía removió a los miembros de su destacamento asignado a Bonao, su municipio cabecera, luego de que al menos 20 de los agentes se convirtieran en sospechosos de recibir, en forma habitual, sobornos pagados por el presunto narcotraficante Nelson Sánchez (El Gordo).
El hecho lleva a pensar que la provincia sea un punto de transferencias o centro de distribución para la región del Cibao. Así lo consideran autoridades civiles y activistas comunitarios.
Según informes oficiales, los nombres de los agentes figuran en las dos listas del cuaderno ocupado a Sánchez, capturado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el pasado 23 de enero, acusado de encabezar una red que suministraba drogas en barrios de Bonao y La Vega.
El caso ocasionó que el jefe de la Policía, mayor general Guillermo Guzmán Fermín, viniera a esta ciudad para destituir a toda la dotación, incluido el comandante, coronel Antonio Cepeda Ureña, que fue sustituido por el coronel Miguel Andrés Abreu Suriel.
La supuesta implicación de estos agentes en la actividad del narcotráfico provocó gran sorpresa en esta ciudad.
“Aunque uno presume, de entrada, como persona de este pueblo, que la Policía está vinculada con los actos delincuenciales y tiene algún nivel de corrupción, uno se sorprende en el entendido de que aquí hay más de 20 policías que estaban vinculados al narcotráfico”, expresa Teodoro Santos, regidor de Bonao y presidente de la Asociación de Profesores de la provincia.
“No lo dudábamos. La sorpresa ha sido que son la mayoría de la dotación policial”, añade Santos. “Si esos son los llamados a poner el orden, y si están vinculados al narcotráfico ¿en manos de quién está el orden de nuestra nación?", se pregunta el educador.
Y no está solo en este cuestionamiento. Ignacio García Ovalles, gobernador de la provincia, se expresa en términos similares: “Para nosotros fue muy penoso e indignante que de los 26 policías que hay en la dotación del municipio de Bonao en la 27 Compañía, existieran 22 (un 85%) en la lista de uno de los narcotraficantes más grandes del Cibao. Eso realmente indignó a la población, este espectáculo es deprimente".
El funcionario espera los resultados de la investigación ordenada por el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, porque considera que aún existen muchos cabos por atar: “Hay que llamar al jefe de la Policía (Guzmán Fermín) para que investigue por qué en esta lista no había miembros de la DNCD… Es extraño que a la Policía le tenían un sueldo y a la DNCD no”.
Según García Ovalles, las informaciones de las que disponen hasta el momento son que “el radio de acción de este señor (Nelson Sánchez) era todo el Cibao. Que se investigue hasta qué punto ese modelo que se estaba aplicando en Bonao se aplica en todo el Cibao”.
Expresa también que Monseñor Nouel, por la cercanía y las facilidades de conexión terrestre que mantiene con la Capital, La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís, se puede considerar un territorio propicio para centros de distribución de narcóticos.
También el abogado y activista social Ricardo Nieves define esta demarcación como “una importante plaza de abastecimiento y de distribución de drogas de la zona del Cibao Central”.
Denuncia que los organismos encargados de frenar este delito no están haciendo los rastreos e investigaciones requeridos para enfrentar el problema. Cita, por ejemplo, que las autoridades son ciegas ante los señalamientos del rumor público, que ha hecho referencia a serios vínculos entre gente que opera puntos de drogas en el centro de Bonao y funcionarios del Ministerio Público.
| LAS CIFRAS DEL ESCENARIO | |||
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A esta misma ceguera atribuye el hecho de que no sean investigados los orígenes de capitales que han dado lugar al surgimiento y desarrollo acelerado de algunos sectores del comercio que -según entiende-, pueden ser producto de lavado de activos.
En este sentido, refiere que nunca se ha conocido en los tribunales de esta provincia un caso por violación de la Ley 72-02, que castiga el lavado de activos.
A pasos lentos
Andrés Ramírez Nova, fiscal de Monseñor Nouel, expresa que cada año este distrito judicial recibe entre 200 y 300 casos por tráfico y consumo de drogas, un crimen que se constituye en la segunda causa de delitos en la provincia, superado sólo por los robos.
Ramírez Nova expresa que “la gran mayoría de los casos que llegan van a juicio y obtienen una condena”. Pero los datos de la misma Fiscalía reflejan limitaciones para lograr sanciones.
Si se comparan las estadísticas sobre la cantidad de casos recibidos y los concluidos en juicio de fondo cada año, queda en evidencia la lentitud con que opera el sistema de Justicia y el cúmulo de procesos que son abortados o quedan rezagados:
En 2008, esta fiscalía abrió 284 expedientes por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas. Ese mismo año, sólo 48 procesos obtuvieron sentencias definitivas: 32 de éstas fueron condenatorias y 16 favorecieron a los imputados.
Los dictámenes condenatorios por delitos vinculados a las drogas representaron el 36.7% de la totalidad de condenas logradas, que en 2008 fue sólo de 87.
El mismo fiscal considera que al narcotráfico no se le da una respuesta en la dimensión del problema que representa.
-Se está enfrentando, pero no con la fuerza que se requiere. Se requiere un mayor trabajo-, dice.-¿De parte de quién?
-De parte de los organismos llamados a combatir: la DNCD y la Policía- responde.
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Falta una política
Pese a que ya se está implementando el Plan Estratégico Nacional Sobre Drogas 2008-2012, que impulsa el Consejo Nacional de Drogas (CND) con el objetivo de frenar el uso y el tráfico de sustancias narcóticas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Monseñor Nouel, Arquímides Reyes, entiende que todavía el país no aplica una política definida para combatir ese tipo de crimen.
En 2008, la agencia antinarcóticos hizo 247 arrestos a través de 204 operativos que llevó a cabo en barrios urbanos y rurales de esta provincia. La cantidad de arrestos supera en un 19% a la de 2007, cuando se produjeron 200 apresamientos, según datos proporcionados por ese organismo.
Al parecer, en Monseñor Nouel marchan de la mano la debilidad en la persecución contra los autores de este delito y las dificultades del sistema de Justicia. En este escenario, Reyes señala como principal problema para aplicar las leyes el uso de procedimientos poco apropiados al momento de hacer los arrestos.
“La forma en que se producen los apresamientos y el manejo de las pruebas no permiten que se llegue a una sentencia”, dice.
También denuncia que la DNCD muchas veces utiliza a algunos detenidos como “chivos expiatorios”, porque lo apresa siguiendo procedimientos que violentan los derechos de los imputados, sólo con el propósito de simular eficiencia en el combate contra el narcotráfico.
En ese sentido explica que se dan casos en los que los agentes antinarcóticos “implantan” drogas que luego confiscan a los presuntos narcotraficantes o consumidores.
Clave Digital.com/Lery Laura Piña/Clave Digita
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