LA ROMANA.- El Fiscal y los tres Fiscales Adjuntos de la provincia La Romana fueron sometidos a un juicio disciplinario acusados por la empresa panameña Lurton Investments, S. A., de abuso de poder, impedir el cumplimiento de una ordenanza judicial y de otras acciones contrarias a la ley.
A los cuatro también se les acusa de asociación de malhechores y varias violaciones porque alegadamente apoyaron el despojo de una villa del complejo turístico Casa de Campo, adquirida en pública subasta en agosto del año pasado.
El sometimiento se hizo mediante una querella penal depositada el 20 de diciembre de 2007 por ante el Procurador General de la Corte de Apelación de Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, que incluye al Procurador Fiscal Titular de La Romana, José Antonio Polanco Ramírez y los Fiscales Adjuntos Héctor Julio Matos De la Cruz, Basilio Reyes Pache y Richard Guilamo Cedano.
Las penas por estos delitos incluyen prisión, degradación cívica e inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos
En la querella, los abogados de Lurton además recusan y piden la inhabilitación de estos Fiscales para conocer de una querella inicial presentada por la misma empresa en contra de Alberto José Bonetti Brea, representante de la propietaria original de la villa subastada, la compañía Desarrollo Urbano del Caribe, quien -según la querella- tras ser desalojado, la ocupó nuevamente por la fuerza con el apoyo de los Fiscales acusados, y se mantiene en ella a pesar de que le fue embargada y vendida en pública subasta.
El próximo viernes 11 de enero la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conocerá de un recurso de amparo presentado por la Lurton contra la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el señor Bonetti Brea y la empresa Desarrollo Urbano del Caribe, a los fines de obtener la devolución de la referida villa turística.
Lurton Investments adquirió la villa número 31 del sector El Ingenio del complejo turístico Casa de Campo, que era propiedad de la sociedad Desarrollo Urbano del Caribe, entidad controlada por el señor Bonetti Brea. La querella indica que el inmueble fue embargado por una deuda de RD$73.8 Millones, resultantes de cinco hipotecas cedidas en favor de un banco extranjero y cuyo importe no fue pagado.
A los cuatro también se les acusa de asociación de malhechores y varias violaciones porque alegadamente apoyaron el despojo de una villa del complejo turístico Casa de Campo, adquirida en pública subasta en agosto del año pasado.
El sometimiento se hizo mediante una querella penal depositada el 20 de diciembre de 2007 por ante el Procurador General de la Corte de Apelación de Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, que incluye al Procurador Fiscal Titular de La Romana, José Antonio Polanco Ramírez y los Fiscales Adjuntos Héctor Julio Matos De la Cruz, Basilio Reyes Pache y Richard Guilamo Cedano.
Las penas por estos delitos incluyen prisión, degradación cívica e inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos
En la querella, los abogados de Lurton además recusan y piden la inhabilitación de estos Fiscales para conocer de una querella inicial presentada por la misma empresa en contra de Alberto José Bonetti Brea, representante de la propietaria original de la villa subastada, la compañía Desarrollo Urbano del Caribe, quien -según la querella- tras ser desalojado, la ocupó nuevamente por la fuerza con el apoyo de los Fiscales acusados, y se mantiene en ella a pesar de que le fue embargada y vendida en pública subasta.
El próximo viernes 11 de enero la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conocerá de un recurso de amparo presentado por la Lurton contra la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el señor Bonetti Brea y la empresa Desarrollo Urbano del Caribe, a los fines de obtener la devolución de la referida villa turística.
Lurton Investments adquirió la villa número 31 del sector El Ingenio del complejo turístico Casa de Campo, que era propiedad de la sociedad Desarrollo Urbano del Caribe, entidad controlada por el señor Bonetti Brea. La querella indica que el inmueble fue embargado por una deuda de RD$73.8 Millones, resultantes de cinco hipotecas cedidas en favor de un banco extranjero y cuyo importe no fue pagado.
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