SANTO DOMINGO.- Unas 288 familias de los Barrancones de Cantalarrana del municipio de los Alcarrizos exigieron al Gobierno la entrega de viviendas porque las que ocupan se les están cayendo encima. Esas familias fueron alojadas provisionalmente allí hace 29 años cuando el ciclón David destruyó sus moradas, pero se quejan de que ningún gobierno los ha tomado en cuenta. Ahora, con el paso de las tormentas y huracanes, su situación ha empeorado, ya que las viviendas han alcanzado un nivel de deterioro tan avanzado, que algunas han empezado a perder los techos por las brisas y otras se han desplomado por completo, dejando a sus ocupantes en las calles.
Ramona Lebrón, una de las afectadas, contó que tiene 10 años inválida y no puede sostenerse por sí misma, y el día de ayer perdió su vivienda, pues “la brisa se la llevó”.
“Hay peligro en este lugar, y es un tormento cada vez que hay fuertes vientos, ya que todos deben salir fuera de sus casas, donde están más protegidos”, precisó.
Wilton Paulino voceros de las familias afectadas dijo que recientemente estuvieron frente al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), para llevar una documento donde demandan al Gobierno por no cumplir con lo acordado, pero decidieron congelarlo luego que se lo pidiera Facundo Jiménez, encargado de obras del esa institución, quien prometió resolverles el problema, “por ser más importante que los 15 millones de pesos que reclamaban las familias”.
“El Gobierno nos sacó de los refugios, nos fabricó barrancones, y prometió que en tres meses estarían listas las viviendas. Al pasar del tiempo iniciar con los trabajos de construcción de los edificios del INVI, pero al estar listas no se les entregó a los damnificados, sino a particulares, y así lo han hecho todos los gobiernos, han hecho creer a todos que han solucionado el problema, entregando certificados inservibles de viviendas a las personas”, indicó.
Expresó que unas 648 familias damnificadas del ciclón David fueron reubicadas en esos “barrancones”, y que cada cierto tiempo construyen una cantidad de viviendas, donde sólo seleccionan entre 20 y 30 familias, y la mayoría de las veces a ninguna.
“En el 1999 se les pidió a los damnificados una cuota económica de 4,200 pesos, para poder adquirir la vivienda como un pago de impuestos. Todos lo pagaron y recibieron un certificado del INVI, sin embargo hay 288 familias que pudieron sólo ver las edificaciones”, agregó.
Dijo que los moradores de esos “barrancones corren un grabe peligro, pues “cuando hay mal tiempo es más seguro estar fuera que dentro de las casas”.
Paulino y las demás familias mantienen una última esperanza en Facundo Jiménez, quien prometió resolverles el problema, y aseguró que formará el viernes una comisión de 20 personas, con representantes de todos los sectores sociales de los Alcarrizos, para buscar una solución definitiva a esa situación.
“Si eso no encuentran una solución que beneficie a todos, seguiremos con el proceso en que exigiremos 15 millones de pesos para cada una de las familias afectadas, como daños y perjuicios a esos 29 años irrecuperables”, indicó.