SANTO DOMINGO. Aunque se basan en un tratado que entró en vigencia en 1910, las extradiciones entre la República Dominica y los Estados Unidos a menudo generan ronchas en las relaciones de los dos países.La negativa de un país para acceder con los pedidos de extradición del otro o el proceso judicial que se siga a los acusados, han provocado cuestionamientos entre las partes, llegando incluso a plantearse la revisión de dicho tratado.
El caso más reciente correspondió al rechazo de una solicitud que hizo el gobierno estadounidense del acusado de homicidio Juan Astwood, para quien la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó su puesta en libertad.
La decisión del tribunal generó quejas del gobierno estadounidense que, a través de su embajador en el país, Robert Fannin, expresó preocupación porque ese tipo de ordenanzas se convierta en un precedente para otros casos.
En respuesta, la SCJ dijo que no aceptaría mediatizaciones ni pautas que pongan en dudas la capacidad de su trabajo.
Iguales cuestionamientos provocó en el 2006 la negativa de un tribunal del Sur de La Florida de extraditar a Sam Goodson, acusado en el país por el caso Renove.
Anterior a eso había surgido un conflicto por la negativa del gobierno dominicano de entregar al dominicano Carlos Grullón, acusado de matar a su esposa. Para entonces Estados Unidos congeló una ayuda de 6.1 millones de dólares para presionar la entrega del acusado. En junio del 2005, el entonces embajador estadounidense, Hans Hertell, se quejó de que las órdenes de arresto de los extraditables se hicieran públicas porque ponía en peligro a los agentes que las ejecutaban, pero la SCJ se negó a ocultar los nombres.
En marzo del 2006, el entonces DEPRECO se quejó por el trato que los EE.UU. daban a las solicitudes de extradición del país, y hacía referencia a que mientras aquí le habían entregado a más de 120 dominicanos, esa nación no había entregado a uno.
Otro caso que causó inconformidad fue la condena a cadena perpetua de un dominicano extraditado a los EE.UU., lo que tuvo el rechazo de juristas y defensores de los derechos humanos, quienes alegaban que la pena violaba el tratado.