Colocarán brazaletes electrónicos a varios reos con medidas de coerción

SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal penal, (CONAEJ), el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Procuraduría General de la República, aplicarán como plan piloto el uso de brazalete o localizador electrónico a imputados que se encuentren cumpliendo medidas de coerción.
El plan piloto iniciará a partir de este sábado cinco de enero, en la Provincia Santo Domingo, que incluye una muestra iniciar de diez brazalete, con un costo de dos mil dólares cada uno. Siete de los brazaletes serán para imputados de delitos menores y tres para caso de violencia intrafamiliar.
El comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, explicó que la implementación de esta medida busca desarrollar experiencias que permitan medir los niveles de factibilidad del brazalete, que consiste en localizar por monitoreo a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio, así como las personas con orden de protección.
"Como es el juez que tiene la facultad de otorgar la medida, la duración de la persona con el brazalete va a depender de la última medida de coerción que se aplicó. Posiblemente este plan piloto dure hasta mediado de este año" dijo Segarra.
La empresa facilitadora de este servicio de monitoreo es la Domicorp Group, CxA, quien es representante de la empresa norteamericana AES-Intellinet, quien proporciona el servicio de monitoreo e instalación del sistema del programa BEM, vía radiofrecuencia.
Simón Santana representante de la empresa Domicorp expresó que el brazalete se colocara en la muñeca y tobillo del imputado. "Una vez que esto se hace se instala un módulo en la residencia del mismo, cuando ya esta instalado se recibe la señal en nuestro centro de monitoreo e inmediatamente estará en nuestro sistema", dijo.
Perfecto Acosta fiscal de la Provincia Santo Domingo destacó que los brazaletes contribuyen con disminuir las personas en los recintos carcelarios y abarata los costos al Estado, que tienen que incurrir grandes gastos en las personas que están recluidos.
"Se aplicará solo en caso menores, como el abuso de confianza, la estafa, robo sin uso de violencia y arma, golpes sin lesiones permanentes, amenaza, entre otros, no en caso de homicidio, narcotráfico, violaciones sexuales", resaltó.